¡Turquía debe poner fin a la represión coordinada contra la sociedad civil LGBTI+!

Nosotros, las organizaciones abajo firmantes, condenamos las redadas policiales a gran escala y las detenciones dirigidas contra activistas LGBTI y defensores de los derechos humanos, así como contra organizaciones y espacios comunitarios en toda Turquía.

Exigimos la protección inmediata y la liberación de las personas detenidas, así como el respeto a sus derechos procesales. Asimismo, exigimos que se ponga fin a cualquier medida que obstaculice los derechos fundamentales a la libertad de asociación y de reunión, y que se respeten los principios de los derechos humanos y el estado de derecho en Turquía.

Según información proporcionada por organizaciones LGBTI, así como por informes de medios internacionales, la policía realizó redadas en domicilios y oficinas de asociaciones durante la noche del sábado 12 al domingo 13 de septiembre. Al menos 162 personas fueron detenidas, entre ellas, aproximadamente, 50 a 60 defensores de los derechos humanos y activistas LGBTI, quienes se encuentran bajo custodia policial; según los informes, el número de detenidos sigue aumentando. Entre los cargos que se les imputan figuran «obscenidad», «prostitución» y delitos relacionados con la moral. También se realizaron redadas en clubes, en las que se detuvo a más personas, entre ellas trabajadoras sexuales.

La operación se centró principalmente en los miembros de las juntas directivas y los auditores de las asociaciones LGBTI+, es decir, en los órganos de gobierno y supervisión exigidos por ley a través de los cuales operan dichas asociaciones. Según se informa, han sido detenidos miembros de estos órganos de Kaos GL y Pembe Hayat en Ankara; de Muamma y 7 Renk en Mersin; y de SPoD, Hevi, Lambda, LİSTAG, Pozitif Yaşam y Pozitif-iz en Estambul.

Las redadas se produjeron apenas unas horas después de que, el 12 de septiembre, una orden judicial bloqueara los sitios web y las cuentas de las organizaciones LGBTI+ en redes sociales. La magnitud, el momento y la selección de los objetivos indican un ataque coordinado contra la sociedad civil LGBTI+ organizada en Turquía.

El ministro de Justicia, Akın Gürlek, declaró que 162 personas, nueve asociaciones y 13 empresas son objeto de una operación denominada «Mi familia está a salvo», y afirmó que se trata de una investigación sobre asociaciones que, en sus propias palabras, «promueven el movimiento LGBT y la inmoralidad». También anunció que el Consejo de Investigación de Delitos Financieros (MASAK) examinará los fondos recibidos de instituciones públicas y organizaciones en el extranjero.

Estas redadas marcan una escalada del ataque concertado contra el activismo LGBTI y el apoyo a la comunidad que se ha venido desarrollando desde hace años en Turquía, lo cual incluye restricciones y detenciones durante el Orgullo, censura de contenido LGBTI, presiones sobre las organizaciones y discursos políticos que presentan a las personas LGBTI como amenazas para los niños, las familias y la moral pública. Sin embargo, la combinación de acusaciones basadas en la moral, redadas, detenciones de miembros de los órganos de gobierno, censura digital, incautación de equipos y escrutinio de la financiación extranjera está llevando el ataque a un nuevo nivel, ya que viola el derecho fundamental a la libertad de asociación y apunta a un intento mucho más amplio de atacar a las organizaciones de la sociedad civil en Turquía.

La incautación de equipos digitales resulta particularmente preocupante. Las organizaciones LGBTI cuentan con información altamente sensible sobre activistas, beneficiarios, personas que viven con el VIH, sobrevivientes de violencia y discriminación, abogados, periodistas, donantes y otros defensores de los derechos humanos. Se debe proteger su confidencialidad e integridad, y la información incautada no debe utilizarse para identificar, perfilar ni atacar a otras personas.

La financiación y la cooperación internacionales son esenciales para una sociedad civil independiente y no constituyen evidencia de actividad delictiva. La supervisión financiera no debe instrumentalizarse para estigmatizar a las organizaciones por las comunidades que representan o por los derechos que defienden.

Instamos a las autoridades turcas a que, de inmediato:

• Pongan en libertad incondicionalmente a todas las personas detenidas por su labor en defensa de los derechos humanos y por ejercer sus derechos a la libertad de expresión, de asociación o de organización pacífica;
• Garanticen la seguridad, la dignidad y los derechos procesales de todas las personas detenidas, y proporcionen fundamentos legales claros e individualizados para cada detención, registro y decomiso, además de asegurar una revisión judicial efectiva;
• Garanticen el acceso inmediato y confidencial a abogados;
• Protejan la información digital incautada y eviten el uso indebido de datos confidenciales;
• Levanten las restricciones desproporcionadas impuestas a los sitios web y las cuentas en redes sociales de las organizaciones LGBTI;
• Aseguren que las investigaciones financieras no lleven a la criminalización de la cooperación internacional legítima ni del financiamiento extranjero;
• Pongan fin al uso de argumentos como la «protección de la familia», la «moralidad» y otros similares para justificar restricciones discriminatorias; y
• Garanticen que las organizaciones LGBTI puedan operar, comunicarse y recibir financiamiento sin intimidación ni interferencias discriminatorias.

Hacemos un llamado urgente a la Unión Europea, al Consejo de Europa, a las Naciones Unidas, a la OSCE/OIDDH, a las misiones diplomáticas en Turquía, a las organizaciones internacionales de derechos humanos, a los donantes y a las organizaciones asociadas para que actúen.

Las instituciones de la UE, el Consejo de Europa y los órganos de la ONU deben condenar las redadas y las detenciones directamente ante las autoridades turcas, presionando para que se establezcan garantías contra nuevas represalias, y exigir el respeto a los defensores de los derechos humanos y al derecho a la libertad de asociación, tanto públicamente como en cualquier diálogo político con Turquía.

La UE y los gobiernos europeos deben plantear urgentemente estos casos ante las autoridades turcas; realizar el monitoreo de las detenciones y los procedimientos judiciales, incluso mediante la presencia diplomática en las audiencias; y activar las medidas de protección, el apoyo legal y la asistencia de emergencia disponibles para las personas afectadas. Los financiadores públicos europeos deben respaldar a sus socios de la sociedad civil, mantener la financiación y rechazar los intentos de criminalización del apoyo internacional a la labor en favor de los derechos humanos.

Es fundamental, en todas las comunicaciones, que estos acontecimientos se denominen por lo que son: cuestiones relacionadas con el estado de derecho, la democracia, la libertad de asociación, la libertad de expresión, la protección de los defensores de los derechos humanos y la reducción del espacio cívico.

Hacemos un llamado a las organizaciones LGBTI y sus aliados en toda Europa y Asia Central para que amplifiquen los llamamientos del movimiento turco, presionen a sus propios gobiernos y a las instituciones europeas para que actúen, y movilicen apoyo práctico cuando se les solicite. La solidaridad debe traducirse ahora en presión política y apoyo concreto, respetando siempre las orientaciones y las necesidades de seguridad de quienes se ven directamente afectados.

Hacemos un llamado a las organizaciones internacionales de derechos humanos para que activen medidas urgentes y mecanismos de protección, realicen el monitoreo de las detenciones y los procesos judiciales, y pongan su capacidad jurídica, de incidencia y de protección al servicio de las organizaciones y los defensores perseguidos. Esto debe abordarse como un ataque más amplio contra la libertad de asociación, la libertad de expresión y la defensa de los derechos humanos, no como un asunto aislado de la comunidad LGBTI.

Nos solidarizamos plenamente con todas las personas detenidas y con todas las personas afectadas.

¡La labor en favor de los derechos humanos no es un delito, y nunca nos mantendremos al margen en la lucha por la democracia y los valores democráticos!

Hacemos un llamado a nuestros miembros, socios y al movimiento más amplio de derechos humanos europeo e internacional para que reaccionen públicamente, se pongan en contacto con las instituciones y misiones diplomáticas pertinentes, y difundan la información de las organizaciones LGBTI en Turquía.

El silencio ante esta escalada solo creará espacio para una represión aún más agresiva.